Página Siete En referendo de 21 de febrero de 2016, el pueblo boliviano rechazó la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), cambio que estaba orientado a prorrogar el mandato del binomio presidencial. Hoy el Gobierno intenta una nueva vía para posibilitar la postulación de Evo Morales en las elecciones de 2019.  Con ese propósito recurre ante el Tribunal Constitucional demandando la inconstitucionalidad del artículo 168 de la CPE, argumentando que dicha norma, al restringir el derecho a ser elegido en determinados cargos públicos, incurre en contradicción con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica). El artículo 23 de dicho pacto expresamente reconoce: El derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. El derecho de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio

El art. 128 de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Asimismo, el art. 129.I de la Ley Fundamental, establece que: “I.   La acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre, con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. Por su parte, el art. 53.3 del CPCo al establecer las causas de improcedencia señala que: “3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del